EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

LE CIERRAN CARRERAS Y FILIALES PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Viernes 16 de Junio de 2017 18:02

El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) dispuso la clausura de varias carreras y filiales de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) por carecer de habilitación. A la par se ordenó la intervención de esta casa de estudios.

El organismo dispuso en la sesión de este viernes la clausura de varias filiales y ofertas académicas no implementadas conforme a la Declaración Jurada Catastral presentada por la universidad.

Las ocho carreras inhabilitadas, en todas sus filiales, son Administración Rural y Agropecuaria, Criminalística y Criminología, Notariado y Escribanía Pública, Licenciatura en Artes Teatrales, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Dibujo y Pintura, Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Licenciatura en Diseño Industrial.

En lo que respecta a las 13 filiales, se ordena la clausura de las sedes de UPAP de Mariano Roque Alonso, Yasy Cañy, Coronel Bogado, Benjamín Aceval, 3 de mayo, Horqueta, Minga Guazú, Villa del Rosario, Remansito, Cambyreta, Villa Ygatymí, Puerto Elsa y su Aula Virtual de Asunción.

Asimismo, decidió la intervención de oficio, de acuerdo a las causales analizadas de la mencionada universidad, conforme la Resolución N° 14/14, de fecha 9 de octubre de 2014.

También dispuso la designación del Prof. Dr. Julián Agüero De León en carácter de interventor de la UPAP, conforme a las facultades y atribuciones previstas en las normativas vigentes.

Cabe recordar que estudiantes de esta universidad, de la sede de J. Eulogio Estigarribia, denunciaron los primeros días de junio que fueron estafados por la institución, atendiendo que este año iniciaron la carrera de Profesorado en Escolar Básica, pero que de un día a otro fueron comunicados por la dirección que el curso se cerraba porque no estaba habilitado.

200 CARRERAS CLAUSURADAS

Por otro lado, en lo que va del 2017, el órgano regulador de la Educación Superior ya cerró unas 200 carreras -en su mayoría del área de la Salud- de pregrado y posgrado de varias universidades del sector privado que estaban operando irregularmente porque no contaban con la habilitación correspondiente. También se clausuraron más de 50 filiales.

Están canceladas las carreras de Ciencias de la Salud, de distintas filiales, de las universidades: Tres Fronteras, Hispano-Guaraní y de la Unasur.

También se ordenó la clausura de las carreras de Medicina de las universidades: Leonardo da Vinci, Universidad del Chaco, Universidad Central del Paraguay, Universidad del Sol y la Autónoma San Sebastián de San Lorenzo.

Empero estas seis últimas siguen operando gracias a una medida cautelar (o “salvataje”) que le otorgaron los ministros de la Corte Suprema de Justicia Miryam Peña, Miguel Óscar Bajac y Sindulfo Blanco, en abril pasado, en detrimento de la calidad educativa de los futuros profesionales del país.

En una gran mayoría, esas ofertas que fueron canceladas por el Cones se abrieron en su momento bajo el amparo de la Ley 2529/06, más conocida como “ley Marcos”, que ya está derogada desde el 2010.

Por su parte, la Unasur tiene 14 carreras –principalmente del área de la salud– clausuradas por falta de habilitación. Miles de alumnos hoy están a la deriva y aseguran que se sienten estafados porque sus carreras, al no estar en regla, son “mau” y, por tanto, no podrán acceder al título.

 

FUENTE ABC

 
biotin reverse phone lookup .