EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

EN MANOS DE SALPICADOS DE CORRUPCIÓN ESTÁN LOS DESTINOS DE JUECES Y FISCALES PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Lunes 19 de Junio de 2017 07:57

Los senadores Enzo Cardozo (PLRA) y Jorge Oviedo Matto (Unace), electos para ir al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, respectivamente, cuentan con largo historial.

La mayoría de legisladores que aprobaron la polémica enmienda pro reelección presidencial volvieron a imponerse en la Cámara de Senadores la semana pasada, colocando a los cuestionados senadores Enzo Cardozo (PLRA) y Jorge Oviedo Matto (Unace) en el Consejo de la Magistratura (CM) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), respectivamente.

 

Ambos están salpicados por escándalos de corrupción, el primero por casos dados durante su gestión como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el segundo en una venta irregular de tierras realizada al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

 

Casos. En el caso de Cardozo, el mismo sigue imputado por el Ministerio Público desde el 2014 por dos casos de supuestos desvíos de fondos que debían utilizarse para programas de desarrollo rural.

El primer proceso es por un desvío de un dinero que debían usarse para programas en beneficio de la agrupación de productores frutihortícolas del Paraguay, pero el dinero no llegó jamás a destino.

El segundo desvío fue de un monto que debían ser utilizado para proyectos en el marco del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope), pero tampoco llegó a los beneficiarios.

En el caso de Oviedo Matto, el mismo está señalado de estar implicado en un caso de venta irregular de tierras por parte de la firma San Agustín (donde su padre es uno de los principales accionistas) al Indert, durante el gobierno de Federico Franco, como pacto para la alianza electoral líbero oviedista que se dio en el 2013.

Nombramientos. Dichas designaciones son tildadas de inconstitucionales, ya que la Carta Magna establece que los miembros representantes en dichas instancias, responsables de designar y juzgar jueces y fiscales, solamente pueden ser removidos por la vía del juicio político.

Tanto Cardozo como Oviedo Matto ya fueron integrantes de estas instituciones y ahora vuelven con la mayoría que colocó además al ex presidente Fernando Lugo como presidente del Congreso.

Esta semana se definirán las situaciones de ambos, considerando que los afectados, Adolfo Ferreiro en el Consejo y Julio Javier Ríos en el Jurado, accionarían ante la Justicia.

Por otra parte, el senador Enrique Bacchetta solicitó la semana pasada permiso al Consejo de la Magistratura como representante de la Cámara Alta. Pidió que su colega Arnaldo Giuzzio asuma en su reemplazo.

Enzo Cardozo procesado por lesión de confianza en el MAG

Desde el año 2014, el senador liberal Enzo Cardozo está imputado por el Ministerio Público en un caso de supuesta lesión de confianza durante su gestión como titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La Fiscalía acusó a Cardozo del desvío de G. 59.000 millones en el marco de un convenio de cooperación con la agrupación de productores frutihortícolas del Paraguay, firmado en mayo del 2012. Sin embargo, la mayor parte del dinero nunca llegó a los comités de productores y los directivos de la federación prosperaron económicamente tras el desembolso del MAG.

Cardozo también fue acusado por la Fiscalía de otro caso de desvío en el MAG por G. 3.700 millones que debían ser utilizados en proyectos marco del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope).

Jorge Oviedo Matto implicado en la venta irregular de tierras al Indert

En el año 2013, el senador del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) Jorge Oviedo Matto se vio implicado en el escandaloso caso de venta irregular de tierras al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por parte de la empresa San Agustín, cuyo principal accionista era su padre.

El Indert acordó con el Estado la transacción de unas 5.700 hectáreas de tierra por G. 46.900 millones, pese a que las mismas no eran aptas para la reforma agraria.

La venta se realizó sospechosamente que mucho sigilo y apresuradamente durante el gobierno de Federico Franco durante la semana en que el Unace y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cerraban un pacto electoral de cara a las elecciones generales de ese año para que los oviedistas apoyen la chapa liberal.

Fuente: Ultima Hora

 
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