EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

RETIRAN INVITACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Lunes 11 de Septiembre de 2017 14:40

El supervisor administrativo de la Región Nº 1, Eterio Sosa, politiza la entidad pública dependiente del MEC al convocar a directores de colegios a retirar de su oficina las invitaciones para participar de un acto político con Santiago Peña.

En una comunicación en el grupo de WhatsApp de los directores de instituciones educativas, el supervisor Eterio Sosa los convoca a pasar por la Supervisión a retirar sus "invitaciones" para participar de un acto político con Santiago Peña y Luis Gneiting. La invitación está hecha por Javier Zacarías (vicepresidente de la Junta de Gobierno de la ANR), Justo Zacarías (jefe de campaña de Honor Colorado) y Elio Cabral (candidato a gobernador de Alto Paraná).

El acto, según la propaganda, será este miércoles 13 de setiembre, en Ciudad del Este, en el local Pineda Eventos. Los docentes están convocados partir de las 12:40.

Según los organizadores, será un “almuerzo de trabajo” entre los precandidatos presidenciales del Partido Colorado, Santiago Peña, exministro de Hacienda, y Luis Roberto Gneiting, exgobernador del departamento de Itapúa.

El propósito, expresa la invitación, es tratar "puntualmente temas de interés de la educación" con los educadores y, de esa forma, proyectar “el país que queremos y que podemos alcanzar si juntos construimos”.

PROHIBICIÓN

Según el decreto N° 4.6872003, que reglamenta la Ley 1.725 Estatuto del Educador, se prohíbe a los educadores realizar propaganda político-partidista dentro de las instituciones educativas.

En cuanto al horario, los directores se ausentarán de sus lugares de trabajo prácticamente toda la tarde y, probablemente, ya no volverán a sus puestos, dado que la actividad es un "almuerzo de trabajo". El mismo decreto prohíbe abandonar las labores durante la jornada de trabajo, sin autorización del jefe inmediato.

VERSIÓN

Hemos intentado comunicarnos con el supervisor Eterio Sosa para pedirle su versión acerca de la convocatoria. Periodistas de este diario llamaron a las líneas bajas del MEC, pero no pudieron conseguir sus coordenadas exactas.

Alcides Careaga y Carmen Fernández, dos de los directores "convocados" por Sosa, cuyas respuestas pueden verse en la captura de pantalla del diálogo con el supervisor, primero coincidieron en asegurar a ABC Color que no estaban "enterados del evento". Se excusaron de facilitar algún número telefónico en que se pudiera encontrar al citado supervisor.

 

FUENTE: ABC COLOR

 
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