EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

UCA: EXIGEN FIRMA DE ACUERDO PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Miércoles 13 de Septiembre de 2017 09:37

Estudiantes que encabezan la toma de la sede del rectorado de la Universidad Católica de Asunción afirmaron que lo único que impide que se levante la medida es que las autoridades firmen el acuerdo al que llegaron alumnos con un grupo de obispos.

“Lo único que nos ataja a levantar la medida es que se firmen estos acuerdos”, dijo Alicia Elías, detallando que, tras dos días de negociaciones con un grupo de obispos, miembros de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y una considerable reducción de las exigencias por parte de los estudiantes, el Centro del Gobierno de la UCA ayer, de vuelta, se negó a suscribir un acuerdo por escrito.

“Hoy, a las 8:00, prosiguen estas conversaciones y esperemos que lleguen a buen término. A nosotros nos es difícil confiar en la palabra de las autoridades del centro de Gobierno, ya que son las personas que han hecho la denuncia que ha llevado a la imputación de nuestros compañeros; era la gente que había prometido no imputar a nadie”, indicó la referente estudiantil.

“Estos acuerdos a los que se había llegado eran sumamente mínimos; habíamos cedido lo máximo”, dijo Elías, detallando que incluso desistieron de su pedido de destituir al rector de la UCA, Narciso Velázquez, y pedían el cese del proceso judicial en contra de los estudiantes por la toma y propusieron un nombre para un nuevo decano de la Facultad de Filosofía en reemplazo de José Antonio Galeano, el exdecano que fue destituido y cuya abrupta salida motivó todo el conflicto.

“Proponemos que se cumplan con garantías de seguridad, tanto académica, administrativa como judicial, ya que, como saben, tenemos seis compañeros imputados en un proceso judicial que está corriendo y, por otro lado, reanudar el proyecto de Facultad de José Antonio Galeano. Entendimos que no había como una posibilidad sin conflicto que está persona sea restituida y propusimos una persona que pueda seguir con su proyecto y habíamos propuesto el nombre de Jorge Lara Castro”, apuntó

Los alumnos, igualmente, proponen un proceso de reforma de los estatutos de la Universidad. El paro como medida de protesta se inició el pasado 1 de agosto

 

FUENTE ABC DIGITAL

 
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