EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

PLRA RECHAZA A QUIÑÓNEZ PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Miércoles 11 de Octubre de 2017 08:38

El senador liberal Miguel Abdón Saguier reafirmó que rechazan la elección de Sandra Quiñónez para fiscal general del Estado, por formar parte de una terna que se realizó con un “criterio groseramente sectario”.

“No rechazamos la figura de Sandra Quiñónez nada más, es una cuestión institucional. La Constitución Nacional señala claramente que el Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Sin embargo, hemos notado que la terna se hizo con un criterio plenamente sectario que choca con ese pluralismo”, manifestó el senador liberal Miguel Abdón Saguier esta mañana.

Señaló además que debería existir un pluralismo no solo partidario, sino también ideológico. “Hay 340 fiscales en todo el país, de los cuales solo 40 no son colorados”, citó como ejemplo de la “hegemonía” reinante en el Paraguay. Saguier puntualizó, en contacto con ABC Cardinal que se debe reiniciar todo el procedimiento de elección de la terna una vez rechazada la propuesta de Quiñónez en el Parlamento.

En cuanto a Javier Díaz Verón, manifestó que debía dejar el cargo al cumplir su mandato, para que asuma el fiscal adjunto que tenga mayor antigüedad en la institución. "No tiene cabida la reconducción tácita, es una normativa solo para el ámbito privado, no rige para instituciones públicas", acotó.

Quiñónez, Díaz Verón y Victoria Acuña forman parte de la terna presentada por el Consejo de la Magistratura en unas elecciones muy cuestionadas por falta de transparencia. La primera fue la "elegida" de Horacio Cartes para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

El Senado tiene 30 días para aceptar o rechazar el nombramiento.  El Frente Guasú y el Partido Liberal han expuesto su postura contraria a la designación de Quiñónez. El Equipo Joven de PLRA indicó que acompañarán la postura del FG.

En otro momento, el senador liberal reiteró que los disidentes deben impugnar la candidatura de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, por ir en contra de la Carta Magna. “No hay ninguna disposición legal que le permita al Presidente renunciar para postularse a un cargo. En la Constitución, lo que no está permitido está prohibido. Se debe realizar una interpretación sistemática de las normativas legales”, acotó en la 730 A.M.

 

FUENTE ABC

 
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