EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

PAGAN INDEMNIZACIÓN A FAMILIAS DE POLICÍAS ABATIDOS EN EL NORTE PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Jueves 12 de Octubre de 2017 08:51

El presidente Horacio Cartes entregó cheques por más de G. 2.000 millones a familiares de siete policías fallecidos en el norte del país mientras trabajaban en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Si bien en agosto pasado el Gobierno había autorizado el pago de indemnizaciones a los herederos de los uniformados caídos mientras prestaban servicio en el norte del país, el pago se concretó este jueves mediante la entrega de cheques, informó el periodista de Última Hora, Roberto Santander.

Fue Cartes quien personalmente hizo entrega de los pagos a los familiares de los uniformados, quienes deben recibir como mínimo 5.000 jornales mínimos que totalizan G. 342.525.000 para cada familia.

Se trata de viudas e hijos del comisario Manuel Enrique Escurra y los suboficiales Adalberto Candia Sanabria, Agustín Romero, Egidio Ramón Chávez, Roque Salinas Salinas, Crispín Rojas, Solano David Burgos.

Los padres de Burgos aguardaban una pensión desde hace cuatro años, cuando el joven de 29 años murió de un disparo en la cabeza mientras se desplazaba con una comitiva de Derechos Humanos hasta Tacuatí para una jornada de instrucción a otros camaradas.

Las patrulleras fueron atacadas por grupos armados, Burgos falleció y otras seis personas resultaron heridas.

También en el 2013 fue ultimado el comisario Escurra en un atentado con explosivos en un camino vecinal de Horqueta. Dejó cuatro hijos huérfanos.

Candia, Chávez, Romero, Salinas y Rojas fueron abatidos en el 2015 en Pacola y Yaguareté Forest, departamento de San Pedro.

En el 2016 el Estado indemnizó con G. 2.806.000 a familiares de ocho militares emboscados y ejecutados por el EPP en Arroyito, Concepción.

Cuando Horacio Cartes asumió en el poder, aseguró que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo no le marcará la agenda. Para combatirlo promovió la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y se le otorgó atribuciones para disponer de los militares sin la necesidad de contar con la anuencia del Congreso.

 

Aun así, a cuatro años de su gobierno permanecen secuestrados Edelio Morínigo, Abrahán Fehr, Franz Wiebe y Bernhard Blatz Friessen. FUENTE ULTIMA HORA

 
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