EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

NAVIERA PARAGUAYA SUFRE BOICOT DE LA PREFECTURA ARGENTINA PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Sábado 11 de Noviembre de 2017 06:10

Las embarcaciones paraguayas siguen sufriendo “atropellos” por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que impone exigencias de facto como la suba de prácticos de este país para la navegación hasta los puertos de Buenos Aires y Montevideo, según denunció ayer Roberto Bosch, directivo de la Compañía Marítima Paraguaya.

Esta vez, el buque portacontenedores Doña Magda fue detenido en el kilómetro 601 de Paraná por parte de las autoridades navales del vecino país, el pasado jueves, a las 20.30.

Bosch dijo a ÚH que el capitán de la nave, Florencio Ruiz Pitta, fue obligado a fondear y volver a levantar prácticos argentinos, en el buque que está transportando 35 contenedores de carne congelada y 280 contenedores de carga general de exportación paraguaya con destino al puerto de transbordo de Montevideo, Uruguay.

COSTOSO. El empresario denunció que es la segunda vez consecutiva que la Prefectura argentina les impone la medida de utilizar a sus prácticos, pese a que la empresa tiene en vigencia a favor un amparo ante la Justicia. Dijo que, en este caso, la prefectura interpretó como a favor de sus intereses la orden judicial que los liberaba de usar prácticos argentinos.

Lamentó que ahora hayan tenido que pagar 55.000 dólares por la imposición de prácticos argentinos que “viola el tratado internacional de 1967, atendiendo a que nuestros capitanes y prácticos están debidamente inscriptos en la PNA y cumplieron primero 12 viajes de reconocimiento”.

Bosch remarcó que los de la Prefectura del vecino país dicen que los capitanes paraguayos no son tales sino solo baqueanos, “hecho totalmente humillante y sin sustento alguno”.

Asimismo, lamentó que hasta ahora no haya tenido una intervención fuerte por parte de la Cancillería nacional para frenar los abusos de la PNA.

Remarcó que ya presentaron una demanda penal judicial acusando a la PNA de ser responsable y que tendrán que pagar el practicaje que obligaron a utilizar, además de los daños y perjuicios económicos causados a la compañía.

 

FUENTE: ULTIMA HORA

 
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