EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

HASTA JUEGOS ILEGALES HAY EN EL MERCADO DE ABASTO PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Martes 14 de Noviembre de 2017 06:18

En el Mercado de Abasto, la gente, además de buscar frutas y verduras, puede probar suerte con los juegos de azar, pero son ilegales, según la Ordenanza 552/15 de Mercados. Varias máquinas tragamonedas funcionan en el Bloque A y CMI. Todos lo saben, menos los funcionarios de esa institución.

El artículo 52 de la Ordenanza 552/15 de Mercados Municipales prohibe la instalación de juegos de azar, pero en el Mercado de Abasto, bajo las narices de sus funcionarios, desde hace más de un año varias máquinas tragamonedas operan en dos locales de venta y recarga de celulares.

Los dos locales pertenecen a Roque Torres. Uno funciona en el segundo piso del Bloque A, justo a pasos de las oficinas administrativas del Abasto. El otro está en el pabellón conocido como CMI, donde fueron reubicados los afectados por el incendio del Bloque C en 1997.

Bobb Richard Pérez Ordano, coordinador de juegos de Azar de la Comuna confirmó que es ilegal el funcionamiento de tragamonedas en el Abasto.

Todos los que visitan el Mercado conocen el funcionamiento ilegal de estos aparatos, pero los “fiscalizadores” del Abasto que siempre están recorriendo el predio y los pasillos para verificar el cumplimiento de las normas lo ignoran completamente.

Ayer buscamos al propietario de las tragamonedas en los locales, pero nos informaron que no se encontraba, por lo que no obtuvimos su versión. Queríamos saber si conoce la ordenanza municipal que prohibe su funcionamiento en el sitio.

Es oportuno recordar que en marzo de este año la Comuna capitalina realizó un operativo en el Mercado 4 para confiscar alrededor de una decena de tragamonedas. En esa oportunidad los funcionarios mencionaron que no lograron confiscar todas las máquinas porque al detectar el operativo los propietarios las escondieron dentro de los locales. Un operativo similar hicieron en Itá Enramada y frente al IPS de Sacramento, informó Pérez Ordano.

 

FUENTE ABC

 
biotin reverse phone lookup .