EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

PDP PEDIRÁ QUE GONZÁLEZ DAHER SEA SEPARADO DEL JEM PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Martes 14 de Noviembre de 2017 10:40

El Partido Democrático Progresista (PDP) solicitará este jueves en sesión ordinaria la separación del cargo del parlamentario Óscar González Daher de la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ante la aparición de audios vinculados con hechos de corrupción.

La información fue confirmada por la senadora Desireé Masi, en contacto con Radio Monumental. "El PDP va a plantear en la sesión del Senado accionar ante lo ocurrido. Vamos a plantear que se le separe al senador Daher del Jurado por tráfico de influencias", expresó.

Dos nuevos audios de conversaciones telefónicas que involucran a Raúl Fernández Lippmann, secretario del senador y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher, salieron a luz.

En ambas grabaciones, Fernández Lippmann negocia sobre la extensión de una causa por la disputa de las tierras que la Secta Moon tiene en el Chaco paraguayo. Uno de los audios del secretario del congresista González Daher es con la agente fiscal Nadine Portillo y el otro se da con el abogado Carmelo Caballero.

Ante ello, Masi cree que lo mínimo que debería hacer por sí mismo el parlamentario (González Daher) es poner sus cargos a disposición. Caso contrario, es el Senado quien debe apartarlo para la investigación, sostuvo.

Como ejemplo dijo que en todas las instituciones del Estado se aparta al funcionario para indagar cuando hay sospechas de irregularidades.

Al respecto, el Partido emitió un comunicado instruyendo al Senado a que inicie una investigación contra Jorge Oviedo Matto y Daher ante el conflicto por lo audios. "El PDP exige que se investigue a los involucrados en estas evidentes operaciones de tráfico de influencias, tantos de los senadores, ministros de la Corte, fiscales, funcionarios, miembros del JEM, y otros que pudieran estar involucrados", dicta parte del documento firmado por Rafael Filizzola, presidente de la agrupación.

El primer audio filtrado

Con relación a los audios, en el primero, difundido en redes sociales, se revela una conversación telefónica entre la fiscala Karina Giménez y Raúl Fernández Lippmann, secretario del senador colorado Óscar González Daher, donde la abogada trata de esquivar a la Justicia mediante "favores".

Giménez buscaba ser sobreseída de un caso que está siendo investigado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), organismo presidido por el parlamentario oficialista. Aparentemente, hay mal desempeño en sus funciones, tras haber ordenado la liberación de un barra brava del Olimpia por el robo de un celular. El caso podría derivar en su destitución.

 

En el audio se escucha a la representante del Ministerio Público negociando con el secretario del político para que pueda mantener su cargo y en un momento dice que "trancaría" una causa de usurpación que investiga, si no fallan a su favor y donde uno de los indagados es Ramón González Daher, hermano del senador González Daher.

 
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