EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

HACIENDA SALE AL PASO DE FEPRINCO Y SE DIFICULTA EL ACUERDO SOBRE EL IRP PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Jueves 11 de Enero de 2018 05:56

El Fisco desmintió ayer a Feprinco y se ratificó en que las inversiones no son 100% deducibles a la hora de liquidar el gravamen. Sin embargo, planteó posponer el pago hasta tanto se sustancie una nueva ley.

El Ministerio de Hacienda emitió ayer un comunicado respecto a la reunión mantenida el martes con gremios empresariales sobre el impuesto a la renta personal (IRP), aclarando que la liquidación del tributo del ejercicio 2017 no se hará bajo la reglamentación y el formulario fijados en 2012, como había afirmado el titular de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Beltrán Macchi.

El Fisco aseguró que se llegó a un principio de acuerdo con los empresarios, pero ratificó la vigencia del reglamento y del formulario que son aplicados actualmente, ya que a su criterio las inversiones no son 100% deducibles, especialmente en lo que respecta a inversiones en Saecas y CDAs.

Pese a mantener esta postura, muy cuestionada por los contribuyentes, la cartera fiscal planteó al gremio empresarial postergar la liquidación del IRP hasta tanto se sustancie la nueva ley, en la que empezaron a trabajar desde ayer. El pago del gravamen debía realizarse en marzo.

"En cuanto a la liquidación del IRP correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en principio se acordó prorrogar la fecha de presentación de los mismos, sin alterar la reglamentación y los formularios actualmente vigentes", reza el comunicado de Hacienda.

Analizando. El titular de la Feprinco, no obstante, afirmó que el acuerdo no está cerrado aún y que están evaluando los términos del mismo.

Resaltó que de acuerdo a las conversaciones, en caso de que este proyecto de ley no sea sancionado en un plazo razonable, el Fisco daría dos opciones a los contribuyentes: deducir el 100% de las inversiones o deducir limitadamente bajo el criterio de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). En caso de optar por la segunda, si se diera la eventual sanción, aquellos que pagaron en exceso serían compensados con créditos fiscales.

"Estamos verificando que todo se adecue a las posibilidades de lo que la legislación vigente otorga. Finalmente, si no se sanciona la ley, el contribuyente podrá recurrir al Tribunal de Cuentas y dirimir esto en sede judicial", advirtió Beltrán Macchi.

Esta postura de Hacienda da un nuevo giro a las conversaciones con el sector privado. El martes se había hablado de un acuerdo por el cual las liquidaciones se harían según la reglamentación y el formulario fijados en 2012.

No obstante, hay pleno acuerdo sobre las intimaciones y multas a los contribuyentes por supuestos abusos en las deducciones, las que quedaron sin efecto. También se acordó trabajar en una nueva ley para clarificar la deducibilidad de las inversiones, dos puntos que eran reclamados por el empresariado.

 

Fuente: Ultima Hora

 
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