EL CIUDADANO

¿LE ENTREGÓ LAS LLAVES DEL PODER AL PUEBLO?

El presidente en ejercicio, Horacio Cartes, luego de firmar la normativa ante la atenta mirada de sus pares del Poder Legislativo y el Poder Judicial, manifestó respecto a la Ley N° 5282/2014: “Que todos los paraguayos tengamos acceso a las actividades del Gobierno es uno de los primeros pasos para cambiar de una vez por todas las malas costumbres. Cuando hay transparencia, la gente vuelve a estar por encima de los intereses personales, porque le entregamos las llaves del poder al pueblo, para que el pueblo mismo sea contralor del gasto público.

Es así, que el Paraguay se adentró en la lista de los países democráticos, en donde el Gobierno está al servicio del pueblo, y el pueblo ve y sabe cómo se maneja el dinero que es suyo y con medidas como estas que son permanentes, no solo un parche, harán posible la construcción de un país mucho mejor, con oportunidades para el progreso”. Por supuesto que antes de estas declaraciones del presidente Cartes y jactándose de que fueron los únicos hacedores de que hoy contemos con esta herramienta tan importante para la democracia paraguaya, vale recordar que la pre-ley de acceso a la información y con el incansable batallar de la sociedad civil, el día 26 de julio de 2007, el señor Félix Picco Portillo, utilizando el formulario que provee el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo solicitó al Intendente municipal de la ciudad de Lambaré “copia del Presupuesto aprobado para el año 2007, proyectos de royalties para el Municipio y cantidad del personal nombrado y contratado, discriminado por área y cargo que desempeñan”.

La Defensoría del Pueblo inició una nueva acción de amparo en representación del señor Picco Portillo, esta vez requiriendo la entrega de la información pública solicitada por él. La jueza resolvió “rechazar la acción de amparo (…) por improcedente”. Contra esta sentencia, el día 12 de febrero de 2007, el Defensor del Pueblo interpuso y fundó en nombre del ciudadano los recursos de nulidad y apelación. En su sentencia la Sala de Apelaciones dejó sentado que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, esencial para el sustento y consolidación del sistema democrático en el Paraguay, a través de la participación ciudadana en el control de la gestión pública: “La incorporación del derecho a la información en el catálogo de los derechos fundamentales del ser humano es relativamente reciente. En nuestro sistema constitucional ha sido incorporado en el art. 28 de la CN.

Este derecho encuentra su justificación en el derecho más genérico, esencial a las democracias deliberativas y participativas, de formar libremente las opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos; contribuye a la formación de la opinión propia y la pública, que está estrechamente ligada al pluralismo político. Se constituye así en un instrumento esencial de los asuntos que cobran interés en la vida ciudadana y colectiva, y que condiciona la participación en el manejo de ‘lo público’, es decir, el sistema de relaciones e interrelaciones que constituyen la trama básica de sustento de la convivencia democrática”.

Pese a la forma clara en que el derecho al acceso a la información pública se encuentra reconocido en la Constitución Nacional, resulta generalmente difícil que un ciudadano/a obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. El cumplimiento espontáneo por parte de los organismos públicos es variable: algunos organismos contestan inmediatamente ante los pedidos, mientras que otras instituciones se niegan a brindar la información, especialmente la relacionada con cuestiones presupuestarias.

 

En casos en que los pedidos han llegado a realizarse a través de la vía del amparo, generalmente se ha negado la información en base a dos causas principales: errores en la vía procesal instaurada y afectación a otros derechos, tales como la privacidad. En definitiva, como vemos que la moda es entregar llaves de viviendas populares, sería bueno que también no solo el Ejecutivo sino los otros poderes del Estado, se sumen a la moda de entregar la llave del poder al pueblo, o sea la llave que ayude a abrir las puertas de la transparencia, de forma verdadera y no de discurso, para dejarnos habitar en un país con instituciones creíbles.

EL METROBÚS TERMINARÁ CON UN SIDERAL ENCARECIMIENTO DE USD 19 MILLONES PDF Imprimir Correo electrónico
Escrito por Redaccion Central   
Viernes 12 de Enero de 2018 06:13

El MOPC adjudicó la obra a Mota Engil por G. 300.417 millones, pero terminará costando G. 403.900 millones (35% más). No se descartan más cambios, ya que se ejecuta bajo las normas del BID.

El 21 de diciembre pasado, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa portuguesa Mota-Engil Engenharia suscribieron un convenio modificatorio que altera el costo final que tendrá el corredor central del Metrobús, que hoy está en plena ejecución.

En la misma fecha, la viceministra de Finanzas, Marta Benítez –en su carácter de ministra sustituta–, firmó la Resolución 2239, que aprueba el mencionado convenio, con lo cual el monto del contrato se infló en G. 103.483 millones (18,7 millones), lo que significa que terminará costando 35% más respecto al monto que adjudicó Obras Públicas.

Vale señalar que la cartera adjudicó la obra a Mota Engil en febrero del 2016 por G. 300.417 millones (USD 54 millones al cambio actual), pero el proyecto terminará costando G. 403.900 millones (72,7 millones), según el documento (ver facsímil).

De acuerdo con los datos del convenio modificatorio, se agregaron más obras que no estaban previstas en el proyecto inicial, como la zanja técnica para el cableado subterráneo, cuyo costo será de 58.877 millones, casi 60% de todo el encarecimiento previsto en la resolución.

Asimismo, otros G. 44.606 millones se utilizarán para obras de adecuación del desagüe pluvial, estudios de movilidad urbana, mejoramiento de calles alternativas, apoyo a locales vulnerables y demás comercios, entre otros trabajos viales agregados al proyecto original.

Al tratarse de un proyecto financiado por el BID, no se ve afectado por la Ley de Contrataciones Públicas, por lo que el MOPC tiene la libertad de encarecer el proyecto sin topes. Por este motivo, no se descartan más cambios en el futuro. Recordemos que las obras financiadas bajo la Ley 2051 pueden tener un sobrecosto de hasta el 20%, respecto al monto adjudicado.

Atraso. El corredor central del Metrobús se adjudicó hace casi dos años a Mota-Engil Engenharia, cuyo trayecto debe recorrer toda la avenida Eusebio Ayala y la ruta 2 Mariscal José Félix Estigarribia, hasta el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de San Lorenzo, que corresponden a los tramos 2 y 3. El 20 de noviembre pasado, el MOPC decidió suspender el inicio de los nuevos frentes de trabajo con la excusa de no afectar las ventas de fin de año de los comercios ubicados en el tramo y que cuestionan duramente el proyecto. La cartera prometió avanzar hacia Calle Última desde esta semana, pero esto aún no se concretó.

El atraso es evidente y las obras continúan en el trayecto de casi 3 km desde el campus de la UNA hasta Zavala Cué. De acuerdo con el cronograma que presentó Mota en su momento, las construcciones civiles (desagüe cloacal, pluvial, redes de servicios públicos, carriles exclusivos, estaciones, etc.) ya debían concluir totalmente el 6 de julio del año pasado hasta Calle Última; es decir, casi el 50% del proyecto (5 km). Los trabajos avanzaron apenas un 15%, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.

 

Fuente: Ultima Hora

 
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